La Ley de Tierras de Río Negro fue aprobada hace 62 años con el propósito de favorecer el poblamiento de la provincia, la distribución y producción de la tierra, así como la organización estatal del uso del suelo no urbano.
Sin embargo, el actual gobernador Alberto Weretilneck y la legislatura local quieren imponer cambios en dicha ley que permitan la compra, a través de empresas, de las tierras que aún pertenecen a las comunidades. Esto va provocar el desalojo de cientos de personas que milenariamente han sido los habitantes de esos terrenos, reconocidos por la Ley Integral 2287.
Alejandro Yanniello, integrante de la organización ecologista Piuke y de la radio comunitaria que lleva el mismo nombre en Bariloche, cuenta: “La legislación originalmente buscaba evitar la acumulación de las tierras ociosas y beneficiaba al trabajador, pues tenía un enfoque productivo”.
“En 2016, 2017, 2018 y 2019 se intentó modificar la legislación por una que permitiera el extractivismo. Sin embargo, este modelo genera saqueos y contaminación. La idea de promover un marco jurídico que dé pie a ello siempre se plantea en momentos en que la sociedad está con otra agenda, en la oscuridad y sin consultar al pueblo”.
Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, una organización que surgió hace más de 40 años y agrupa a más de 150 comunidades en la provincia, explica que los dos principales problemas son “los afectados tanto de las comunidades mapuches como los pobladores dispersos, que no pueden quedarse en un sólo lugar y a quienes se los despoja de sus tierras. O sea, se continúa con los desalojos que inició la mal llamada campaña del desierto porque tienen el objetivo de apoderarse de nuestras tierras”.
Ante el avance de este modelo, las comunidades y muchas organizaciones ambientales, sociales, cooperativas y ganaderas van a empezar una marcha el 5 de diciembre, se concentrarán frente a la Legislatura el 6, y el 7 se tratará la ley, para reclamar contra las modificaciones de la ley.
