Tres de la madrugada del viernes 23 de septiembre de 2016.
La camioneta de la Policía Metropolitana se estaciona en la esquina de Adolfo Alsina y Pichincha, en el barrio porteño de Balvanera.
Los efectivos bajan para vallar las esquinas que rodean la cuadra. Lo hacen raudamente. En minutos, ya nadie podrá pasar.
La persecución a las siete familias que vivían en ese edificio había comenzado cuatro días antes, cuando el miedo, la preocupación por los hijos, los nietos y los vecinos, recorría los pasillos de esa estructura disputada entre gente laburadora y un gobierno porteño ávido de seguir explotando el negocio inmobiliario.
Tarde del lunes 19 de septiembre de 2016.
Los policías entran al edificio de Pichincha 191 y pegan una intimación de desalojo en el hall de entrada. Tocan puerta por puerta, para no olvidarse de avisar a los inquilinos que deben abandonar sus hogares, y así, una vida construida desde el 2000.
Hace 16 años, Gabi, su esposo y sus 4 hijos, -el más chiquito roza los tres años-, construyeron su vida allí, hasta hoy. “Esperábamos quedarnos un tiempo más, pero fue imposible. Si no aceptábamos mudarnos a distintos hoteles, la opción era la calle”, cuenta con la nostalgia propia del desarraigo. Esta semana, entre el desconcierto y el miedo, permanecieron adentro de sus casas, saliendo sólo para lo indispensable por temor a que no los dejaran volver a entrar. Hoy, se consumó el presagio.
Ada es una mujer luchadora. Se le nota en las manos, en los ojos, y en el alma. “Hace 17 años vivo acá, pagué el alquiler y los servicios durante los primeros 5 años. Después, cuando los dueños desaparecieron, dejé de pagar”, explica, antes de agregar: “Dijeron que nos mandaron tres cartas de desalojo, pero nunca llegó nada”.
Ante la clausura del edificio llevado a cabo por la Dirección de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Norberto Tavosnanska, titular del juzgado N° 17 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, ordenó el desalojo por “peligro de derrumbe”. Sin embargo, Pablo Vicente, abogado de las familias y de la organización Patria Grande, contradice la versión oficial: “Presentamos judicialmente tres informes de tres arquitectos distintos, en los cuales aseguran que la vivienda es habitable, que no hay peligro de derrumbe, y que había que hacer algunas obras, mínimas, que harían los mismos vecinos”. Y prosiguió: “Ante esto, el juez realizó una resolución ilegítima y ordenó el desalojo”.
Este desenlace tiene un origen claro. “Hay un negocio inmobiliario atrás de este predio, y el juez lo está avalando. El informe del Gobierno de la Ciudad es falso y el desalojo es totalmente fraudulento desde su inicio, porque acá se impuso una clausura por no cumplir las condiciones de seguridad de un hotel, y esto no es un hotel sino una casa de familia, donde viven las siete familias ininterrumpidamente desde principio de la década pasada”, afirmó Vicente.
Debido a la movilización de los vecinos, respaldados por diversas organizaciones sociales, esta noche la calle no cobijará a 30 nuevas personas. Frente a la resistencia, el juez no tuvo otro remedio que garantizar que los 14 chicos –entre ellos dos discapacitados- y 16 adultos, vivan por tiempo indeterminado en tres hoteles distintos abonados por el gobierno porteño, hasta que desde el Instituto de la Vivienda se resuelva a través líneas crediticias accesibles la resolución definitiva de viviendas dignas.
Dos de la tarde del viernes 23 de septiembre de 2016.
Las siete familias no tienen otra opción que empezar el desarraigo.
En cuestión de horas, su lugar en el mundo fue reemplazado por habitaciones pequeñas donde no caben sus pertenencias; con baño y cocina ínfimos y compartidos.
Para evitar ser reprimidos y no dormir a la intemperie, dejan sus casas, para no volver.
