Hace dos semanas, denunciamos el secuestro de Mona, el abuso de Jesica, las torturas a Roque y Pablo adentro de su domicilio y la balacera contra la casa de Iván, una de las principales gargantas del primer juicio oral que afrontan ahora mismo los subordinados de Bullrich. Juuusto ayer, opacando la cuarta audiencia del proceso judicial que ya tiene a 6 prefectos procesados con prisión preventiva hace dos años, la ministra intentó poner el foco sobre los vecinos que permanecemos amenazados virtual y personalmente, promocionando un video que no presenta evidencia sobre ninguno de los crímenes denunciados, ni muestra a ninguna de las víctimas denunciantes, ni «desenmascara» nuestras acusaciones: se puede ver ahí una pelea entre dos jóvenes y un prefecto que antecede a esa razzia demencial en la Villa 21-24, donde salvajemente apalearon mujeres y niños, secuestraron a una vecina, torturaron a dos jóvenes y manosearon a una compañera.
Nada de eso,
ni uno de ésos,
aparece en sus videos.
Sin alusiones a las terribles vejaciones que investiga el Juzgado de Instrucción 29, tras dictar el inmediato sobreseimiento de nuestros compañeros, una conferencia oficial se montó desde los medios parapoliciales para «desenmascarar» nuestros argumentos, presentando como una contradicción o una falsedad el testimonio que la cámara de C5N tomó de nuestro referente frente a la comisaría, cuando todavía los detenidos estaban enjaulados. Ahí, en ese momento, certificamos que un agente bajó del colectivo frente a la casa de Iván (así fue), que se llenó de uniformados (así fue) y que la muchedumbre, ajena a ese conflicto, había intentado descomprimirlo (así fue). No teníamos manera de saber con mayor precisión qué había pasado antes de la razzia, porque nadie venía en ese colectivo más que los «testigos», invocados en ese reportaje, al relatar el momento previo a la cacería.
Una vez más, puestas las imágenes en circulación mediante sus operadores, buscaron instalar que se trata de una mentira, que la pelea en cuestión involucra a los denunciantes, que tal secuencia detona una «legítima reacción» y que así «termina» la historia: sí, justo ahí, donde la historia «empieza» a tener como protagonistas a nuestro fotógrafo y una familia arrancada de su domicilio, sin orden de allanamiento. Pues tal como se informa en esa entrevista que utilizan para embarrar mediáticamente el salvajismo que no pudieron ni podrán explicar judicialmente, el origen del conflicto en el colectivo se desconoce, pero no se desconocen las consecuencias que casualmente no abordan los medios oficiales. Y que sí, tienen suficientes testigos, ésos que nos fumamos los gases, los palos y la locura que vino atrás. Inexplicablemente, tal como está detallado en cada nota, en la Procuvin, en la UFEM y en la declaración judicial, sus grupos de tareas se quitaron premeditadamente su identificación para la cacería: si tienen dudas, vean este video que presentamos ese mismo día.
Ahora bien, aun si alguien pudiera considerar que las imágenes difundidas ayer ameritaban violar todos los protocolos de Seguridad y los Derechos Humanos, incluso así, no tienen una sola palabra para explicar por qué arrancaron de sus casas a nuestros compañeros, sin haber tenido ni la más mínima participación en esa secuencia que viralizaron. De las puertas rotas a patadas, nada. De las torturas, nada. De los 80 minutos arriba del patrullero, nada. Del gas pimienta y los brazos maniatados, nada. De la trompada a la cámara, nada. De las manos en las tetas, nada. De las lesiones registradas por los médicos legistas, nada. De la privación de su libertad, nada. Del abuso, nada.
Ministerio de Seguridad,
¡zona liberada!