* Por Ana Beatriz Dominguez, referente de Madres autoconvocadas en lucha por una vivienda digna.
Somos seis mujeres de General Pico llevando adelante un reclamo concreto desde hace más de un mes y medio: queremos que el gobierno de La Pampa nos reconozca el derecho a acceder a una vivienda social. Oriana Barbero, Natalia Paez, Valeria Yanina Ortiz, Sara Sosa, Lucía Velastini y yo nos empadronamos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV) entre 2009 y 2010 y nos reempadronamos en 2014. Sin embargo, el último 16 de septiembre, nos enteramos que no habíamos sido parte del sorteo de las 400 casitas que se entregarán este año. Supimos, también, que nuestros registros previos a 2014 habían desaparecido.
Nos están robando más de cuatro años de de esperanza.
Nos pusimos a investigar, hicimos de detectives, y denunciamos formalmente que varias casas fueron otorgadas a personas que ya poseen una o que tienen buenos autos y algunos hasta son dueños de comercios. Nosotras no tenemos nada. Trabajamos de lo que podemos; limpiamos casas, vendemos tortas y artesanías. Muchas veces nos pagan lo que quieren.
Yo alquilo una casita muy precaria en el Barrio el Molino, el baño lo tengo afuera. A pesar de eso, ahí mismo armé un merendero en el que damos la leche a más de 40 pibes y armamos viandas para los abuelos y abuelas del barrio. También damos talleres de arte y manualidades. Valeria, una de mis compañeras, sobrevive en los baños abandonados del ex relleno sanitario de la ciudad. En otras palabras, vive en un basurero, por el que tiene que pagar $2500 por mes a un particular. Ahí está con sus tres hijos.
En La Pampa, los alquileres van desde los 9 a los 14 mil pesos. El sueldo promedio es de 16 mil. Quienes no tenemos trabajo fijo, no estamos ni cerca de acceder a algo digno; una casa con baño adentro, por ejemplo.
La estamos pasando muy mal, la necesidad nos impulsó a organizarnos para exigirle al gobierno pampeano un destino mejor para nuestros niños. Estuvimos casi un mes entre acampes frente al municipio piquense, manifestaciones en las calles y hasta frente a las casas de los funcionarios. Nos hemos pasado todo septiembre y lo que va de octubre en la calle. No hemos conseguido nada. Sólo promesas de Alfredo Schanton, Gerente del IPAV y de su presiente, Jorge Teves, quienes dijeron que evaluarían las denuncias que hicimos. Pedimos plata prestada para llegar a la capital de la provincia y desde el miércoles 24 de octubre estamos en Santa Rosa, una ciudad que no conocemos, que no sabemos caminar. Armamos unas colchonetas, tiramos frazadas sobre los bancos de cemento del ingreso a la Casa de Gobierno.
Al principio teniamos miedo pero con los días muchas hermanas de organizaciones feministas se acercaron a hacernos el aguante con comida, agua, buenas charlas y risas que aparecen en esos momentos en los que sólo queremos llorar. Nuestros hijos nos están esperando en General Pico. A ellos no les queremos fallar.
Los funcionarios provinciales, a principio de año dijeron que: «por cada 1000 viviendas entregadas, hay 5000 personas que quedan en lista de espera hasta el próximo sorteo». Luego dijeron que, al día de hoy, hay 2600 familias que están en condiciones de ser preadjudicatarias y que no hay posibilidad de cumplir con todas ellas en el corto plazo.
Comprendemos eso, pero la emergencia habitacional no es nuestra responsabilidad.
Estamos cansadas, pero no vamos a bajar los brazos. Son demasiados años de esperar en voz baja. Exigimos regresar a nuestra ciudad con un compromiso firmado por la Ministra de Desarrollo Social y el Presidente del IPAV. Esperamos volver con una llave en la mano que nos abra la puerta de eso que se llama justicia social.
