El 4 de enero de 2015, en la zona sur de la ciudad de Rosario, veinticinco efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la provincia de Santa Fe gatillaron ¡52 veces! sus armas reglamentarias mientras Jonatan Herrera lavaba su auto en la puerta de su casa: a pesar de que se escondió detrás de un árbol para protegerse de los balazos, tres de ellos le impactaron y se lo llevaron.
Y con 23 años se fue. Y dejaron a Ciro recién nacido sin su papá. Y así destrozaron a su familia, la que desde ese día, y a pesar de las permanentes amenazas y hostigamientos, no baja los brazos en la búsqueda incansable de eso que llaman Justicia.
¿El motivo de todo lo que pasó? Un robo a una juguetería a varias cuadras de donde estaba Joni, una persecución policial y el accionar indiscriminado y arbitrario de su fuerza letal, que el Poder Judicial entendió sin intención.
Tras dos años de cuestionamientos de la familia en el desempeño de la Fiscalía, y luego de un juicio oral donde se expuso el accionar ilegal de los agentes acusados, en el mes abril de 2017 los jueces Curto, Alarcón y Zvala condenaron a Ramiro Rosales, efectivo de la Policía de Acción Táctica a la pena 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo, mientras que los agentes Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, también de las PAT, fueron penados con 3 años y 8 meses de prisión por haber abusado de sus armas. Por último, la agente del Comando Radioléctrico de Rosario Gladys Galindo, también acusada por el homicidio de Jonatan, fue absuelta.
Te lo resumimos, para el Poder Judicial no se trató de una ejecución ni de un acribillamiento, sino un mal desenvolvimiento, garantizando la impunidad del accionar de las Fuerzas de Seguridad y anticipándose a la actual “Doctrina Chocobar”, postulada y legitimada por el Gobierno Nacional.
Pero no bastó tanto golpe a la familia y al recuerdo de Joni. En octubre del mismo año el Tribunal de Apelación conformado por el juez Beltramone y las juezas Alonso y Depetris, confirmó el bochornoso fallo de primera instancia, redujo las penas aplicadas por abuso de armas y aquí no ha pasado nada.
Hoy en día, la familia de Jonatan no se rinde y aún espera la respuesta al Recurso de Inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe para que se revise dicha resolución.
Veinticinco efectivos dispararon, seis jueces fallaron, y luego de cuatro años y dos sentencias la Justicia brilla por su connivencia. Si el Poder Judicial decide avalar la decisión de gatillar; no es justicia, ¡es impunidad! Y si el Estado no quiere escuchar, desde los barrios nos vamos organizando. Sépanlo, no hay vuelta atrás, queremos Control Popular a las Fuerzas de Seguridad.
