Sólo en las últimas tres semanas se produjeron dos hechos violentos contra personas de la comunidad trans en la ciudad de Salta.
El miércoles 17 de abril al mediodía, dos chicas caminaban en las inmediaciones del Mercado Artesanal, cuando fueron instadas a apurar su paso por un móvil policial. A pocas cuadras las volvieron a parar y uno de los oficiales le pegó e insultó a una de ellas. Ambas hicieron la denuncia en la comisaría de Villa Asunción, y al llamar al 911 se enteraron que nunca habían solicitado la ambulancia, que supuestamente ya estaba viniendo según el policía que tomó la denuncia.
El jueves 25 de abril Salomé Jacqueline Dávalos, activista y coordinadora de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) Salta, caminaba por el microcentro con una amiga buscando un lugar para cenar, la policía las alcanzó y sin preguntarles nada la golpeó. Terminó en el Hospital San Bernardo con fuertes golpes en la cabeza.
“No son casos aislados estas situaciones violentas de la policía provincial”, cuenta Pía Ceballos, activista de Mujeres Trans Argentina, quien además forma parte del Observatorio de Violencia de Género. La policía avasalla los derechos, persigue y humilla según la identidad de género. Las detenciones ilegales son frecuentes, las comisarías no quieren tomar la denuncia de los abusos policiales, y pretenden que la sociedad se acostumbre a estas prácticas. “Nosotras responsabilizamos al Ministerio de Seguridad, al Jefe de Policía de la provincia y a los comisarios encargados de cada destacamento. Pero sumado a esto, vivimos en una sociedad machista que se burla de la diversidad, no respetan y creen que está bien que las chicas sean detenidas” concluye Pía.
La situación se agrava con políticas de seguridad que criminalizan a las personas trans en situación de pobreza y de prostitución. Con la sanción de la ley 7914, que modificó el Código Contravencional de la Provincia de Salta a principios de diciembre de 2015, se introdujo el artículo 114 que indica que «serán sancionados con arresto de hasta veinte días o multa equivalente las personas que demandaren u ofrecieren servicios de carácter sexual por dinero u otra retribución en la vía pública o espacio público». La comunidad trans organizada pide la derogación, por lo cual el lunes pasado las organizaciones LGBTI se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados provincial, quienes se comprometieron a impulsar en los próximos días la eliminación del artículo 114. Pía Ceballos comentó que desde el Observatorio acompañarán a las víctimas y harán un seguimiento exhaustivo de las denuncias, para que no queden en la nada.
Desde las asambleas poderosas de Salta, exigimos que la fiscalía de Derechos Humanos investigue y dicte las medidas correspondientes a los policías violadores de derechos, que el Ministerio de Seguridad abra los sumarios administrativos correspondientes y se sancione a los agentes a cargo de los operativos. ¡Basta de violencia policial a la comunidad trans!
