*Por Nelson Santacruz, comunicador de la asamblea poderosa de la Villa 21-24
La audiencia convocada el miércoles por la Corte Suprema nuevamente se sumó a un largo listado de las violencias que sufrimos los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Hace 8 años la Corte ordenó al gobierno el saneamiento del Riachuelo y consiguientemente, la relocalización de los vecinos que viven a sus orillas y padecen, por ello, diferentes problemáticas de salud. Eso, señores jueces, significa que nosotros somos los principales actores de la caratulada “Causa Mendoza” y por ello fuimos a copar con nuestros lamentos, carteles y gritos ese cuarto piso de Tribunales para repudiar la censura de la voz barrial. Por eso estuvimos ahí desde las diez de la mañana hasta pasado el mediodía para hacer ruido, escupir nuestras realidades y exigir el negado espacio.
Ante el pedido formal de los vecinos para enviar un representante, para mostrar la verdadera cara de las “acciones” que el gobierno llevo a cabo, sufrimos la violencia institucional de parte de la Corte de una manera a la que lamentablemente quieren acostumbrarnos: con el silenciamiento. Fue a través de un mail que el secretario Néstor Caferatta nos contestaba que “la audiencia convocada tiene como finalidad específica conocer el grado de avance y cumplimiento de las mandas oportunamente establecidas en la causa; y que para tal cometido, se ha fijado un elenco de ponentes entre los cuales ellos no se encuentran comprendidos”. Virtualmente, porque ellos nunca pisan un barrio.
En definitiva, siempre se trató de un ‘adentro’ y un ‘afuera’. Nosotros no nos quisimos callar y llevamos los cartelitos que servían de megáfonos para los oídos indiferentes. Nosotros, los de afuera, estábamos sentados en dos columnas de 6 filas cada uno. Éramos vecinos y organizaciones compañeras que de lunes a lunes nos embarramos los pies en búsqueda de derechos humanos. Mirábamos la audiencia a través de una pantalla y chiflábamos nuestros desacuerdos todo el tiempo. ¿Nos escucharon? Adentro estaban ellos y un par de los nuestros que se colaron, pero adivinen: los rajaron cuando exponían nuestras verdades. El lugar clave para exigir justicia pidió, a través de un dedo del juez Ricardo Lorenzetti, que “el señor se calle la boca” y que “desalojen al señor”, que era a un vecino que clamaba eso, justamente: ¡Justicia!
El oficialismo, conformado por autoridades de los gobiernos bonaerense, porteño y nacional, tuvo tres horas para exponer y defender las ‘maravillas’ que hicieron a partir del año 2008 hasta la fecha, luego de la orden judicial. Sólo que tuvieron pequeñas grandes contradicciones y silencios esperables a la hora de contestarle a la Corte las diferentes preguntas. “No le podría dar números exactos”, respondían sobre la cantidad de niños con enfermedades vinculadas a la contaminación y a la consulta de cuántos de ellos están en seguimiento. “Si no podemos establecer un diálogo o una respuesta respecto de los indicadores, o si no ha venido alguien idóneo para responder este tema, es muy difícil que nosotros podamos, evaluar y decidir”, expresó la jueza Elena Highton. Desde el principio, el juego de ping pong invadió la pantalla. Subían y bajaban licenciados, ingenieros y doctores que se pasaban la pelota y le echaban la culpa al gobierno anterior, sin expresar que también ellos eran y son responsables de que hoy menos de un cuarto de la sentencia esté ‘cumplido’.
Los gobiernos tuvieron, como dijo el juez Horacio Rosatti, “las atribuciones necesarias por la ley para coordinar e incluso prevalecer sobre los organismos territoriales para ejecutar las políticas que hacen a su objetivo. Sin embargo, han mostrado muchísimas dificultades para coordinar con los organismos y aún para ejecutar lo que se debe hacer”. Pero la respuesta de los representantes macristas fue que debido a la heterogeneidad política e institucional hubo “problemas de coordinación” y que ahora con el cambio del signo político esto se “solucionará”.
Los abucheos, aplausos a preguntas sin contestar y chiflidos colmaron estas entrevistas de la Corte hacia los organismos estatales. La muletilla ‘eh…’ fue lo más abundante y gracioso, porque demostraba una vez más la ineficacia y el abandono de estas instituciones a nuestros barrios. Muchos no desayunamos y ya pasó la hora del almuerzo pero no movimos ni un pie hasta que el martillo autoritario diera la orden de que los irresponsables salieran a ver nuestras venas del cuello pronunciarse al gritar: ‘las viviendas son descartables’, ‘justicia, justicia’, ‘800 casos de dengue en la 21-24’, ‘caretas, ladrones, hipócritas y mentirosos’, ‘basta de chicos con plomo en sangre’ y otras grandes exigencias.
Lorenzetti señaló que los ponentes no daban parámetros claros para una sentencia judicial y varias veces resaltó la suma de US$5200 millones que se utilizaron para ‘cumplir’ solamente un 20% de la sentencia entre el año 2006 y 2015. La respuesta de la vicepresidente ejecutiva de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Gabriela Seijo, fue que el 85% de ese dinero ya fue usado para la “modificación del agua” y luego de titubear respondió la pregunta “¿usted dice que gastaron US$5200 millones de dólares en la sentencia?” del mismo juez con “sí, un 80% es lo que hemos estimado”. Nuestras miradas se cruzaron y las bocas corearon la bronca ya sabida pero ahora con la seguridad de escuchar en vivo y en directo la suma ya utilizada en la nada misma.
Seijo se sintió orgullosa al decir que “un dato más que significativo es la construcción de viviendas” y con una sonrisa punzante para nuestros corazones y nuestra dignidad expresó que si seguían con este ritmo “la construcción de las 17.771 viviendas terminaría en el año 2036”. Seca, sin pestañear y sorda a nuestros ruidos desgarradores. No podíamos soportar que hayan usado tal suma para las viviendas descartables o ‘saneamiento’ y menos aún que estén pidiendo más presupuesto para poder cumplimentar la sentencia.
Los jueces explicitaron que los exponentes trajeron “indicadores de gestión, pero no de hechos”, cuya respuesta fue que “están en proceso de reelaboración”. Por supuesto que no tienen datos de nada, si nunca se han acercado al barrio ni para censar ni para recaudar información sobre enfermedades producidas por la contaminación. Fuimos nosotros quienes en la villa 21-24 de Barracas tocamos las puertas para saber que hay más de 60 pibes con plomo en sangre, que el último verano padecimos los 800 casos de dengue y lloramos la muerte de tres vecinos por ello. Fuimos también los barrios populares de todo el país, quienes nos censamos para conocer con números la precariedad laboral y habitacional de nuestros vecinos. Nunca ellos. Pero nosotros no somos parte de la audiencia, no nos dejan. La garganta villera está contaminada y no la dejan gritar.
La garganta villera DEBE ser escuchada.
Compas queridxs, estoy en total comunion en la lucha digna que sostienen dia a dia. Cuentenconmigo para todo lo que haga falta y para cada convocatoria de lucha.