*por Victoria Stéfano,
activista LGTBIQ+ y Referenta del Frente de Géneros, Santa Fe Capital
La ley de cupo laboral trans da respuesta a un reclamo por el que la comunidad LGBTIQ+ ha alzado su voz desde siempre, propiciando la inclusión de miembros de la comunidad en los ambientes laborales en un 10% en relación a la cantidad de personas que hayan hecho la modificación registral, es decir, que hayan adecuado su DNI a su identidad de género. Actualmente, serían alrededor de 850 personas en todo el territorio de la provincia. Esta legislación supone la contratación por parte del Estado provincial, quien además deberá promover la inclusión en comercios privados y firmar los convenios necesarios para que se lleven adelante. Implica también una reparación histórica a un colectivo que ha sufrido la marginalidad en todas sus formas, principalmente por la falta de reconocimiento a su identidad y a su ciudadanía, tanto en un sentido político como en uno geográfico. No es casual que la mayoría de las compañeras trans y travestis salgan de los barrios más empobrecidos del cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, y tampoco que esta situación se replique como norma en el resto de la provincia. Ese dato no es menor teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos toda nuestra vida, donde se nos niega sistemáticamente el acceso a la educación, donde se nos expulsa de nuestras casas y donde se nos empuja a la prostitución, que termina siendo el único medio de supervivencia que encontramos.
El cupo laboral es necesario porque brinda un horizonte a todas las personas trans y travestis que todavía no están seguras de poder retomar sus estudios, de plantearse una carrera en el nivel superior; es ese eslabón necesario de esperanza que nos permite saber que si nos formamos vamos a tener un laburo. Hasta hoy nuestra única certeza, estudiáramos o no, era que íbamos a tener que seguir en la misma: prostituyéndonos. Después de lograr la sanción en diputados tenemos la media ilusión de poder concretar el sueño de tener un trabajo registrado.
Todavía está por definirse cuándo se discute en el Senado. Sabemos que ahí está la resistencia más potente, reaccionaria y patriarcal de nuestra provincia. De ahí a la implementación efectiva nos faltaría el decreto reglamentario del gobernador, Miguel Lifschitz. El senado es el lugar donde vamos a tener que meter la fuerza de empuje de nuestra lucha. Ansiamos también que esa reglamentación prevea las situaciones en las que compañeras y compañeros han sido detenidos en situación de contravención, específicamente hablando de los artículos ya derogados que penaban la prostitución y el travestismo.
Las demandas pendientes siguen siendo problemáticas que nos atraviesan: el acceso real a la educación y a la vivienda digna. La pobreza aún es el problema estructural y a nuestro colectivo lo golpea por una triple opresión: ser feminidades, travas y trans y pertenecer a sectores empobrecidos.
La construcción villera del feminismo es la vuelta de rosca que nos faltaba para entender realmente que existe un feminismo popular, que es precisamente esto que estamos construyendo. Es la deuda pendiente para los asimilacionistas de la política que todavía creen que nos pueden dar derechos, en tanto y en cuanto nosotras nos parezcamos a ellos. Nosotras no somos ellos, necesitamos políticas específicas, políticas contra el hambre y contra la marginalidad, políticas que nos incluyan realmente, que reconozcan que el problema de la pobreza estructural tiene cara de mujer, tiene cara de travesti, tiene cara de identidades disidentes. A eso respondemos con un feminismo villero, rebelde y construido desde las tripas.
