Brenda Arias fue vista con vida por última vez el sábado 11 de julio de 2009, cuando salió de su casa en Villa del Carmen, San Luis, para ir a encontrarse con sus amigos Juan Murúa y su novia, Carolina Pereyra, en un comedor de la zona. Pero el lugar estaba cerrado y Brenda nunca regresó a su casa. Días después encontraron sus huesos calcinados a la vera de la Ruta 1. Tenía 19 años.
Pasaron ocho años para poder obtener, mediante la investigación, la reconstrucción de aquella noche de julio y un detenido, Juan José Murúa. Él intercambió mensajes con Brenda cuando ella encontró el comedor cerrado y la interceptó en su camino de regreso. Allí tuvieron una discusión y él le disparó con un arma de fuego. El 10 de noviembre de 2017 la causa se elevó a juicio oral y cambió su carátula a “Murúa Juan José – Homicidio Simple mediante el uso de un arma de fuego”. Actualmente Murúa se encuentra detenido en la Penitenciaría de Villa Dolores, Córdoba, por intento de abuso a una menor. Además registra otra condena por violencia de género hacia su expareja y amiga de Brenda, Carolina Pereyra. Las autoridades judiciales de la provincia vecina también investigan si es el responsable de la desaparición de otra joven de Traslasierra, Marisol Rearte (otra ex pareja de Murúa) y su hija Luz Morena Oliva, de tres años, de quienes nada se sabe desde febrero de 2014.
El pasado 31 de octubre comenzó el proceso judicial en el cual se juzgará su responsabilidad por el femicidio de Brenda, en la Cámara de Apelaciones Penal de Concarán, conformada por Sandra Elizabeth Piguillem, Juan Manuel Saá Zarandón y José Luis Sosa. Como fiscal participa Nestor Zudaire. Murúa se negó a declarar en esta primera audiencia.
Miguel Ángel Arias, papá de Brenda, pide que la justicia aplique lo que tenga que aplicar: “Mi señora luchó sin parar. Yo creo que eso generó parte de la gran enfermedad que tuvo y hasta último momento, como estaba, siguió luchando igual. Hoy, ya no está más y es una cosa inexplicable, porque ella se hubiera merecido poder estar aquí en este día, por tanta lucha que tuvo. Pero imagino que desde arriba tendrá la fuerza y el espíritu necesario para canalizar a los jueces y que haya una justa condena”. Elva Garayalde, “Negrita” como le decían, era la mamá de Brenda y encabezaba el pedido de justicia por su hija. Falleció el 29 de octubre del año pasado, sin ver ni un solo avance en la causa.
A lo largo de estos años el pedido de justicia fue acompañado por todas las organizaciones feministas de San Luis. Una integrante de la agrupación «Ningunas Santas» explicó que el caso de Brenda «se vio agravado por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la adolescente: pertenecía a una localidad alejada de 1200 habitantes. Cuando desapareció, la comisaría estaba cerrada y Murúa, quien ocho años después quedara imputado como el único culpable, era amigo de la fuerza, como pasa en los pueblos chicos. Entonces creemos que hubo un vínculo ahí, el cual relacionamos en forma directa con la inoperancia y la cantidad de años que demoró en investigarse le causa, signo además de un acceso desigual a la justicia”.
Quien era la abogada de la familia hasta hace poco, y sigue acompañando la causa de cerca, remarcó la inoperancia y negligencia de las fuerzas de seguridad que estuvieron a cargo de la investigación en un primer momento, ya que se excusaban de no tener herramientas para avanzar en la misma, dilataron los tiempos y así la causa demoró nueve años en avanzar. Destacó además que este juicio se encuentra hoy en esta instancia por el acompañamiento del movimiento feminista de San Luis.
La jueza penal que retomó la investigación del caso, Patricia Besso, afirmó ante varios medios locales que tenían las pruebas, pero que faltaba la tecnología y el personal idóneo para analizarlas. Este justificativo no alcanza para reparar el dolor, una pérdida que es colectiva, un Estado provincial que miró para otro lado y que se jacta de ser la “provincia mejor administrada”. Cabe recordar que en el presupuesto 2018, la Secretaría de la Juventud (caballito de batalla de los Saá para ganar las PASO en el 2017) recibió siete veces más presupuesto que el Poder Judicial, es decir un organismo del Poder Ejecutivo recibió más presupuesto que un poder del Estado.
Hoy, nueve años después, el papá de Brenda recuerda a su hija de la mejor manera:
«Era muy compinche conmigo, salíamos a todos lados. Muy lindos recuerdos tengo de ella, era muy buena hija y es lamentable lo que nos sucedió”.
En Argentina una piba es asesinada cada 30 horas y el Estado es responsable por no generar las condiciones para librar esta batalla cultural contra el machismo. Una condena justa no nos devolverá a Brenda ni a Negrita, pero sí las ganas de seguir luchando por nosotras y las que vendrán.
Es importante que todas estemos, que todas nos hagamos sentir en este proceso que continuará con una audiencia el próximo miércoles 7 de noviembre a partir de las 9, en la Cámara de Concarán, San Luis, para que la justicia no mire para otro lado. Más que nunca gritaremos unidas, por las que no están y por las que luchan día a día.
