En la madrugada del 23 de marzo de 2018, Nelson, Sasha, Martín, Cristian, Facundo, Desiré y Emmanuel tomaban una gaseosa en las “Cuatro Plazas”, zona oeste de la ciudad de Rosario, cuando dos miembros del Comando Radioeléctrico irrumpieron su tranquilidad sin dar ningún tipo de explicación y, en vísperas de conmemorarse el 42º aniversario del golpe cívico, militar y clerical, desataron un calvario de represión.
Apenas Sasha intentó calmar la situación, el agente Mariano Saavedra lo apuntó con su arma y lo tiró al suelo, aunque pudo escapar. Sin embargo, a una cuadra del lugar fue alcanzado por otros 15 agentes de la policía santafesina que llegaron y lo golpearon brutalmente: puñetazos, patadas y culatazos con su armas le desfiguraron el rostro y lo dejaron inconsciente. Fue tal la perversidad contra Sasha que uno de los policías corto la rasta que llevaba hasta su cintura y cuidaba desde la adolescencia.
En la Seccional 14º, donde fueron trasladados, sufrieron distintos tipos de torturas durante toda la noche y hasta que sus familiares pudieron dar con su paradero. A los insultos y golpes permanentes se les sumaron prácticas propias del terrorismo de Estado: ajuste de esposas como forma de sufrimiento y obligación de desnudarse como modo de humillación. “Adentro de la Comisaría 14 sufrimos agresiones físicas y verbales todos, a los 6 chicos les pegaron patadas en las costillas, boca, cachetadas, piñas a mí me decían un montón de cosas, me ajustaron más las esposas cuando le decía que me dolían dejándome moretones en las muñecas. Me agarraron de los pelos, un policía se me acerco a decirme que hacía ahí con todos hombres”, publicó Desiré el día después en su cuenta de Facebook.
Un año después, continúan siendo objeto de hostigamientos por parte de las fuerzas policiales. “Tuvimos amenazas de efectivos en lugares públicos a la luz del día, persecuciones de autos extraños en nuestros domicilios y hasta torturaron a mi mamá en un operativo en plena calle el mismo día que marchamos con mis compañeros en la Marcha de la Gorra”, cuenta Nelson, a quien a fin de 2018 la Justicia Provincial le concedió una medida de Hábeas Corpus, ordenando a la Policía de Santa Fe y a Gendarmería Nacional el cese de cualquier restricción a su libertad ambulatoria. Conviviendo a diario con la cruda represión estatal, Nelson expresa que es “una realidad muy difícil para los pibes humildes. La policía puede actuar con total impunidad contra nosotros, si no paran la mano con la estigmatización de las villas seguiremos en la mira por el solo hecho de ser un blanco fácil”.
Hoy en día la causa avanza lentamente y cuenta con 10 agentes policiales imputados por distintos delitos: apremios ilegales, falsificación ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario. Desoyendo el pedido de las víctimas, la fiscal a cargo Karina Bartocci, rechazó la posibilidad de investigar el hecho como tortura.
A horas de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la dictadura que se llevó a 30.000 compañeros y compañeras en nuestro país, desde las asambleas villeras de Santa Fe seguimos denunciando la vigencia de prácticas abusivas por parte de las fuerzas policiales, y exigimos la instalación del Control Popular a las Fuerzas de Seguridad en cada barrio de la provincia.
Por los derechos humanos de Ayer, de Hoy y de Mañana,
nos plantamos y decimos ¡basta de abusos de la cana!
