A las 8 de la mañana, sonó el teléfono de mi casa, ese sábado 19 de julio de 2014. Era mi nuera, preguntándome si sabía algo de mi hijo Raúl, que había salido la noche anterior con un amigo y no había regresado a su casa. Preocupadas, empezamos a buscarlo y un pariente policía averiguó en todas las comisarías, hasta que nos informaron que había dos cuerpos en la morgue judicial, no identificados. Al llegar, la mujer de mi hijo se ofreció a reconocer el cuerpo, ante la desesperación que me invadió. Pues con solo mirar sus pies, supimos que se trataba de Raúl.

Y así murieron sus sueños, el día que nacieron mis pesadillas.

Tras pasar la madrugada en un motel, tuvo una fuerte discusión con el conserje, que llamó a la Policía para que interviniera. Y sí, lo hicieron: lo redujeron, lo esposaron, lo golpearon en el suelo y lo arrastraron hasta el patrullero, tanto que al llegar a la comisaría, su cuerpo ya no presentaba signos vitales.

El “grupo de tareas” de esta democracia misionera estuvo integrado por efectivos de la comisaría 13ª y el comando radioeléctrico de Posadas, de los cuales 9 están imputados en la causa, bajo prisión preventiva, pero en los últimos meses la causa no avanzó, porque los tiempos de los jueces no son los nuestros. Porque sus intereses no son los nuestros. Y porque las noticias no son las nuestras.

Lamentablemente, el caso de mi hijo no fue el único que dejó en evidencia a la violencia institucional que reina en la provincia, desde hace 40 años, en dictadura y en democracia. Pues basta repasar algunos casos, para dimensionar la brutalidad de las Fuerzas en cada jurisdicción, como los asesinatos de Hernán Céspedes e Itatí Piñeiro en Puerto Esperanza, o como la ejecución de David Gómez, en Puerto Iguazú… Pero a 40 años del Golpe, esta asamblea no se calla. Y promete dar batalla, por si algunos no lo entienden: los Derechos Humanos no se discuten, se defienden.