En las afueras de Posadas, alrededor de 300 familias esperan ser escuchadas por el gobernador Hugo Passalacqua. Con más palos sobre el lomo, hombres y mujeres fueron desalojados por la fuerza del terreno que ocupaban: cargaron en brazos a sus hijos y se agolparon a la vera de la avenida Cocomarola, cerca del autódromo misionero. Actualmente, viven en carpas precarias, a la vista de todos, con la compañía de nadie.
Por si algún político desprevenido no escuchó el reclamo, la asamblea poderosa de Misiones lo grita lleno de rabia, desde abajo: ¡Estas familias no tienen techo, ni pan, ni trabajo!
Roxana es una de las vecinas que fue desalojada junto a su familia: “El gobierno no nos escucha ni se hace cargo de nuestros reclamos”. Y señaló: “Hace más de 90 días, fuimos desalojados por la fuerza de los barrios San Jorge y Néstor Kirchner. No tenemos trabajo, por eso tuvimos que ocupar el terreno cercano al autódromo provincial”. Sin embargo, las fuerzas policiales, sin contar con una orden judicial, los hostigaron hasta obligarlos a abandonar ese predio. Hoy, viven hacinados al costado de la avenida. “Nadie se acercó a darnos una ayuda. Nosotros queremos un lugar donde vivir junto a nuestros hijos y estar tranquilos. Hay muchos chicos que están perdiendo las clases por las condiciones en las que estamos”, contó Roxana.
El pasado miércoles, la policía volvió a montar una escena de terror. Seis patrulleros y más de cuarenta efectivos arribaron al lugar y sembraron el miedo entre las familias para que abandonaran el terreno. Una vez más, sin orden de desalojo, bajo amenazas e intimidaciones, corrieron por la fuerza a los vecinos.
¿Y el gobierno provincial? Mira para otro lado ante la desigualdad social, sin solucionar el problema habitacional.
Hace más de una semana, las familias están ubicadas sobre la Avenida Cocomarola, viviendo en la calle con niños, niñas, mujeres embarazadas y personas discapacitadas, sin asistencia médica ni social.
¿Cuál es el derecho exigido? Tan justo como ser reubicados en un lugar con las necesidades básicas satisfechas: agua, luz y asistencia médica. ¿Será mucho pedir? “No queremos que el gobierno nos tire otra vez en algún terreno baldío y que después se olvide de nosotros”, pidió Alfredo, otro de los vecinos desalojados.
¿Y las tierras apropiadas por el Estado?
En 2014, se aprobó la Ley de Expropiación XXIV – N°30, para solucionar problemas habitacionales firmada por Carlos Rovira, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, y Cecilia Britto, actual parlamentaria de la provincia de Misiones en el Parlasur. Hasta el momento, la realidad nos demuestra que la norma no solucionó el problema habitacional de las personas que viven sin techo y sin tierra.
Dicha ley en su artículo 2 regula el destino de los inmuebles a expropiar y define que «serán destinados a la ejecución de un proyecto de urbanización para atender el déficit habitacional de la ciudad de Posadas durante los próximos diez (10) años. El treinta por ciento (30%) de la superficie a expropiar será destinada a la subdivisión de lotes dotados de infraestructura básica (calles, alumbrado público, red de electricidad y agua, transporte público, espacios verdes, escuelas, dependencias de salud pública y seguridad), con el objeto de relocalizar a: a) familias que se encuentren en asentamientos con situación dominial irregular; y b) familias que no pueden acceder a un inmueble con destino a unidad habitacional por otros medios.”
Pasaron más de dos años de la sanción de esa ley y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) no brindó las soluciones necesarias. Actualmente, en Posadas, miles de familias viven en condiciones infrahumanas: sin agua, sin luz, sin cloacas, sin asistencia estatal, a la espera una respuesta que no llega jamás por parte del gobierno provincial y municipal.
Exigimos que el gobierno de Misiones se haga cargo y con nuestra garganta poderosa gritamos:
¡REUBIQUEN A TODAS LAS FAMILIAS EN LAS TIERRAS EXPROPIADAS POR EL ESTADO!
