9 octubre, 2016
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Justicia por el perejil

 

El lunes 3 de octubre se realizó el juicio oral y público por el caso de Maximiliano Aquino, un joven estudiante asesinado el año pasado tras salir de una fiesta. La instancia judicial terminó con una condena de 22 años para Josele Altamirano, el único acusado tras una causa plagada de irregularidades y procedimientos ilegales.

 

La familia de Josele se acercó caminando desde su casa hasta los mástiles del puerto correntino, frente al Juzgado Federal, aullando un pedido sordo de Justicia que no llegaría. La sensación dolorosa de injusticia rodeaba a las familias, tanto la de “Maxi” como la de Josele.

 

Es que Alejandrino Saénz sabía que su hijastro, José “Josele” Altamirano, había estado durmiendo toda la noche en su casa y se había levantado a las 7 de la mañana de ese fatídico 1 de agosto de 2015, a preparar el mate cocido para sus 8 hermanos. Pedro González, un vecino, asegura haberlo visto, pero su testimonio no fue incluído en la causa porque el juez se negó a tomarle declaración.

 

Josele se había levantado temprano para ir a buscar su canoa al barrio Cichero, donde se desempeñaba como pescador, al igual que el resto de su familia. Cuando se dirigía a su lugar de trabajo, varios efectivos de la Policía fueron a su casa ubicada en el barrio Seminario. “La entrada a mi casa fue ilegal, yo no entendía cuál era el motivo por el que venían. Me pedían una tele, le mostré una tele vieja que tenía y ellos decían que mi hijo había robado un plasma”, recuerda angustiado Sáenz. En el juicio, se hizo referencia a la importancia que los medios le dieron al caso y como esto jugó en contra del único acusado.

 

Horas más tarde, otros efectivos policiales se dirigieron hasta el río e increparon a Josele mientras desenrrollaba su mallón para empezar a pescar. Lo detuvieron gracias a la declaración de tres testigos anónimos, de los cuales no hay registro alguno.

 

Y ése fue su último día de libertad.

 

Hasta ahora.

 

Dos víctimas, innumerables victimarios

 

“El 1 de agosto de 2015 a las 6.30 de la mañana teníamos una víctima. Se puso en conocimiento del Estado a través de los órganos de investigar y buscar pruebas, y en vez de solucionar el problema de la víctima y hacer justicia, a las 9:30 de la mañana teníamos dos víctimas. El Estado no solamente no resolvió la situación sino que violó derechos”, explicó Hermindo González, abogado de la familia.

 

Mientras tanto, en el barrio ya se había corrido la voz sobre la muerte de Maxi. Ese mediodía de sábado dos oficiales de la Brigada, se hicieron presentes en la puerta de la casa de Josele, ya detenido, intimidando a su familia. El padrastro de José Altamirano ingenuamente conversó con quien estaba a cargo de la operación irregular, un personal de la Brigada de Policía sin identificación que le confió: “tu hijo anda haciendo macanas”. “La gente tiene miedo de la policía, si te negás a que entren a tu casa es peor, como yo no tenía nada que ocultar los deje que pasen”, compartió Alejandrino con la Garganta Poderosa. Emborrachados de poder e impunidad, cuando iban saliendo dijeron: “Ya tenemos el paquete”.

 

Charlando con su marido, Analía sospechaba con temor: “¿No será que le están queriendo meter la muerte de Maxi?”.

 

La intuición de una madre nunca se equivoca.

 

La prueba

 

Josele ya estaba preso y ninguno de ellos lo podía creer. A las seis de la tarde llegaron con una orden de allanamiento, la familia tuvo que soportar dos horas de requisa en la que se llevaron ropa de toda la familia, incluyendo el jean que luego le adjudicaron como propio a Josele, y que su abogado impugnó en el juicio oral.

 

Ese pantalón, en el que se infiere que existe una minúscula mancha de sangre perteneciente a la víctima, es la única prueba que lo incrimina en el caso. Su madre asegura que no es del talle de su hijo sino de una persona de mayor peso. La defensa insiste en que además de violarse la cadena de custodia de la prueba, a la que le realizaron dos pericias misteriosas, no consta en el expediente cómo se determina la vinculación de Josele Altamirano con ese pantalón. Un dato relevante en la causa que no tuvieron en cuenta los que armaron la cama: todos los testigos coinciden en que los atacantes llevaban ropa deportiva.

 

Discriminación en la querella

 

El abogado querellante Ramón Silvio Sosa, durante su alegato insistió en discriminar a José, intentando desmentir su apego a la cultura del mallón. Citando teóricos y doctrinarios, trazó un paralelo entre “la sociedad que importa” y “la cultura de los ladrones”, sentando su acusación en entrevistas a más de 600 ladrones, se apuró para hablar de que “la capucha de las camperas de los chorros, no es en realidad una maniobra para ocultar la identidad, sino para diluir la culpa”.

 

Luego de acentuar sus rasgos más fascistas sin ningún tapujo, el académico continuó su discurso realizando una rebuscada explicación basada en declaraciones de la perito que realizó la autopsia donde justificaba la ausencia de abundante sangre en el supuesto pantalón. A pesar de que es de público conocimiento que Maxi perdió más de 2 litros de sangre después del ataque.

 

Y así, comparando el modelo de la típica familia trabajadora y sus deseos de progresar en la ciudad en contraposición a la ley del ventajero que impulsa a los chorros a salir a robar, pidió cadena perpetua para Josele, por homicidio en ocasión de robo. En un curioso compinchismo, cedió la palabra al señor Fiscal Schmitt, que luego de felicitar al querellante por la magistral clase de fascismo, prosiguió a relatar el hecho por el que más tarde condenaron al acusado a 22 años de prisión.

 

“Si hoy pudiera hablar con la familia de Maxi, les diría que no bajen los brazos y que pidan justicia verdadera, como yo siempre pido, por él y por mi hijo. No tiene que quedar impune la muerte de este chico, porque hay una madre que está sufriendo como yo. Me duele mucho verla llorando porque también tengo hijos, me duele en el alma. Por eso pedimos justicia verdadera, porque hoy le tocó a mi hijo pero mañana le puede tocar a cualquier chico de barrio, porque la policía tiene vía libre”.

 

Con esas palabras y al borde del llanto, Analía Altamirano, mamá de Josele, levanta su voz en un poderoso pedido de justicia, ante el atropello de la policía y del poder político-judicial, que inculpan a su hijo de un crimen que no cometió.

 

El legado de la inquisición

 

El 6 de agosto circuló, en los diarios digitales correntinos, un video titulado: “Confesión de Josele, presunto asesino de Maxi Aquino” en el que un policía le arrancaba una declaración a la fuerza a Josele. Luego de haber sido golpeado, torturado y abusado sexualmente, allí lo obligaba a confesar el delito. En cuestión de horas lo sucedido se volvió viral y toda la ciudad pidió más seguridad y justicia por Maximiliano Aquino. El abogado de Josele no titubeó durante el alegato de defensa y echó luz sobre lo que todos murmuraban: el video del apremio había sido premeditado así como la autorización de su circulación a los medios.

 

La denuncia por torturas, vejaciones y abuso sexual que sufrió Josele ese mismo día antes de la filmación fue archivada a los trece días por el juez Buenaventura Duarte, sin tener en cuenta el testimonio de un doctor del Hospital Llano quien certificó que los abusos existieron.

 

La familia asegura que existen amenazas telefónicas del verdadero autor del asesinato de Maxi a Merlo, actual Jefe de la Brigada de la Policía, que dan cuenta de alguna relación de connivencia entre el delito de venta de drogas y autoridades de la Policía.

 

La impunidad es tal que Analía denuncia que el mismo Merlo la amenazó con matar a toda su familia. Josele también la sufre a diario a través del abuso del Servicio Penitenciario Federal. Hay que recalcar que los maltratos se acentúan cuando Analía Altamirano y Alejandro Sáenz, viajan a Buenos Aires en busca de asesoramiento. La violencia institucional se hace presente a través de golpes, amenazas y torturas psicológicas.

 

La mamá de Josele sigue aguantando ver al verdadero asesino libre dando vueltas por el barrio, gritando en la puerta de su casa “tu hijo está preso por gil”. El hostigamiento policial y la condena social día a día aplasta a sus otros hijos menores de edad quienes son señalados en la escuela y en el barrio.

 

El día de la sentencia

 

Melisa Arrúa,compañera de la facultad de Maxi, presente en el momento que lo mataron, no reconoce a José como autor del hecho. González, quien se desempeña en derecho penal hace más de 15 años, asegura no haber visto un atropello semejante al debido proceso. “No le va a importar a nadie, si es pobre, pescador y drogadicto”, declaró.

 

 

Durante un largo cuarto intermedio, la sala de debate se llenaba de amigos y familiares de Maxi, mientras la mamá de Josele esperaba nerviosa la sentencia, sentada en soledad en los últimos bancos del lugar. Volvieron los jueces y en lo que para ellos es cotidianidad, sentenciaron a 22 años de prisión a Josele Altamirano, por homicidio simple. No había pruebas en la causa que permitan asegurar que se haya querido perpetrar un robo antes de la muerte de Maxi.

 

Mañana comienza el plazo para presentar la causa a casación, sus abogados no pierden la esperanza y advierten llegarán hasta la última instancia, así tengan que ir hasta Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Desde La Garganta, gritamos justicia por Maxi, por Josele y por cada una de las familias que sufren la total despreocupación del Estado, terminando en las sucias manos de la policía. Las autoridades que deben defender a sus ciudadanos ejercen por conveniencia una ley vacía, “lo atan todo con alambres” y continúan ocultando la verdad. Una red organizada de injusticia, que a poderosos gritos vamos cambiar:

 

¡JUSTICIA PARA EL PEREJIL! ¡Por la libertad y contra los abusos sin fin!

 

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