Sumergido en deuda, lo que se dice en deuda, anda el terrateniente Huberto Bourlon Rouvré, que se tomó prestadas las 7.800 hectáreas de la comunidad guaraní Hapo Pa, en Salta, usurpando los alimentos que preparaba el suelo para sus niños, las medicinas que guardaban las plantas para sus ancianos, los peces que enjuagaba el río Bermejo y todas las materias primas que ofrendaban esas tierras naturales para sus artesanías. Alto moroso, decidió alambrar y ponerle portones a la identidad originaria, mientras pedía fiado un permiso para el desmonte, un pequeño anticipo burocrático para financiar aludes e inundaciones, deforestando el crédito ambiental de sus propios nietos. Obligados entonces, por el futuro de su historia, los acreedores del oxígeno salieron a cortar el acceso del empresario al territorio, para discutir el debe, con los medios y la Sociedad Rural. Pero una vez más, se impusieron los derechos y los haberes: mandó un desalojo, regó las plantaciones con herbicidas y macheteó toda la siembra de choclos.
César Arias lo vio.
Y un oficial vio que lo vio.
Hoy, está preso. Impunemente, mientras realizaba trabajos de albañilería, un grupo de tareas llegó a buscarlo, el 30 de enero, con uniformes de combate, «como si fuéramos terroristas». Apalearon a todo el mundo. Nada de sol para esos chicos. Se llevaron a 5 mayores, sin mostrar ninguna orden de detención, «porque son verbales». Y entonces sí, César todavía sigue preso, aunque nadie puede explicarnos por qué, ni a nosotros, ni a sus 8 hijos, ni a Margarita Mamani, que decidió encadenarse a la plaza 9 de Julio, como vicepresidenta del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, para gritarle a todo el mundo que sus gerenciadores nos deben el respeto a la resistencia, la supervivencia de la dignidad. Y ahora, su libertad.
Otra deuda histórica que no estamos dispuestos a perdonar.
500 años de genocidio, que nadie podrá condonar.
