*Por Liz Soto, comunicadora de la asamblea poderosa del B° San Juan Bautista, Formosa.
Cuando la hipocresía judicial termina criminalizando la pobreza. Cuando el sistema judicial es elitista y no comprende las diferencias culturales; estigmatiza y persigue “por las dudas” a los pobres y más aún si estos son indígenas. Los mete en cana sin que le tiemble el pulso, un pulso selectivo que solo tiembla a la hora de enjuiciar o encerrar a los sectores más pudiente y/o poderoso.
Zacarías Palavecino, es Wichí, de la comunidad Las Bolivianas, de Laguna Yema, un pueblo ubicado a unos 390 Km de la Ciudad de Formosa, está preso hace más de cuatro meses en la Alcaldía de varones. Dicen que “preventivamente”, dicen que por “presunción de fuga” y dicen que no tiene arraigo, sin embargo es líder de una comunidad. Es indígena, laburante, pobre y tiene tres hijos y una esposa que desde afuera sufren el calvario compartido de su injusta detención.
Hace un tiempo, con mucho esfuerzo, Zacarías pudo comprarse una camioneta para trabajar como fletero. En octubre de 2016, viniendo de Las Mercedes, Salta, sufre un accidente, vuelca en la ruta en la localidad de El Chorro, al oeste formoseño. Zacarías venía acompañado por Espinosa, una clienta que solicito el servicio de flete para transportar hojas de coca. Al llegar la policía de Formosa, inmediatamente Ambos quedan aprendidos por portar 160 kg de hojas de coca. Los argumentos de semejante arbitrariedad sostienen que las hojas son un “potencial estupefaciente” y estaban destinadas a una cocina de cocaína.
Hace años que la mujer fracciona y vende las hojas de coca entre los kioscos y almacenes del pueblo, donde cualquiera puede ir a comprar, incluidos los policías, gendarmes, funcionarios y jueces que poseen la costumbre de coquear.
Con la cantidad que transportaba Espinosa, para el comercio, técnicamente no se podría lograr más que unos cuantos gramos de cocaína, si realmente estas hubieran tenido ese fin.
La medida se aplica a un delito abstracto, es decir ni siquiera requiere probar el destino de las hojas de coca. No existe en la causa ninguna cocina. Pero según sostiene el relato jurídico, su sólo transporte constituye para el juez, narcotráfico, pasando por alto el significado cultural de la masticación o infusión de las hojas de coca en nuestra población.
Coquear no es drogarse, las hojas que transportaba Zacarías en estado natural no eran droga ni perjudican la salud. Desde 1989, con la promulgación de la ley 23137 de estupefacientes, está establecido que el consumo y la tenencia es legal y no será considerado delito. Por eso uno puede comprar las hojas en los almacenes del pueblo a la luz del día. Son las hojas que en el coqueo o akulliko (voz quechua), acompañan la cotidianeidad de nuestros pueblos del noroeste y son parte ritual de la culturas de cuna coya-incaica, de pueblos andinos que se han extendido por todo el territorio llegando a las tierras bajas como Formosa, Chaco y hasta Bs.As. No tiene efectos alucinógenos, en infusión favorece la digestión, en el coqueo contrarresta la falta de oxígeno del organismo en zonas de montaña, aumenta la resistencia física ante el cansancio y o el sueño. El sentido del coqueo trasciende además el hecho concreto de la masticación y su práctica cultural en los pueblos originarios tiene un sentido sagrado, es un elemento espiritual ligado a la unidad, la fuerza, la vida. Su tenencia y uso está permitido, pero ¿su transporte es delito? La prohibición tiene un error sobre la norma, por eso la detención es injusta y constituye una violación de derechos que pasa por alto el consumo legal, arraigado y aún reconocido formalmente por la ONU desde el 11 de enero de 2013.
“Yo no sabía que transportar hojas de coca, era un delito” dijo Zacarías en la indagatoria. Por lo tanto, no tenía intención de traficar, “hay culpabilidad ausente” en una práctica no sólo legal, sino naturalizada desde siglos desde antes de la llegada de los colonizadores. Recién en el siglo XIX en Europa, se descubre el procedimiento químico para producir clorihidrato de cocaína. En noviembre de 2016, El Juez Vallejos, que subroga en el Tribunal Federal decidió su procesamiento. “Zacarías no transportaba precursores químicos, llevaba hojas de una planta” dice su abogado quien apeló ante la Cámara federal de Resistencia, pidió la habilitación de la feria para fijar audiencia oral. “Una apelación es elevada por lo general en 10 días no en dos meses, tardaron hasta diciembre, pero no quieren audiencia oral, quieren que uno presente un escrito”.
Mientras tanto su esposa, sus tres hijos no sólo padecen la injusticia sino que además deben afrontar económicamente la falta del ingreso que generaba Zacarías, ahora preso y hoy con ayuda de vecinos solidarios que dan una mano, viven el día a día en medio de incertidumbres.
Según su abogado, “hubiera bastado la incautación” y aún en el caso de que fuera delito semejante paradoja, según la ley 24071 y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. sobre pueblos originarios en países independiente, se tienen que dar preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento. Existe una clara violación de derechos humanos.
“Los funcionarios judiciales tienen cero sensibilidad social, los jueces no tienen ningún problema en destruir una familia vulnerable. Si Zacarías Palavecino fuera un gran empresario estaría suelto. Habrá que ver que decide la cámara, y mientras no se resuelve esa incongruencia está preso desde octubre”.
No es un peligroso narcotraficante, es un trabajador pobre como muchos otros que buscan subsistir y quiere gritar fuerte que los derechos humanos de todos o son defendidos o violados.
