*Por la asamblea poderosa del Barrio Río Paraná, Corrientes.
Nicolás Arévalo apenas tenía cuatro años cuando, jugando cerca de su casa con su prima Celeste Estévez, pisó un charco de agua envenenada y se intoxicó con endusulfan, un agroquímico potente usado como insecticida para pulverizar la plantación de tomates de Ricardo Prieto, ubicada justo frente a sus viviendas, en el paraje rural Rincón Avá, de Lavalle en Corrientes. Falleció cinco días después, como consecuencia de un edema pulmonar causado por el agrotóxico, que además dejó a Celeste con graves secuelas.
Nicolás murió en el Hospital Juan Pablo II de Corrientes, mientras que su prima tuvo que ser trasladada al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” donde permaneció internada bajo tratamiento durante tres meses. Seis años después, Celeste sigue sufriendo las secuelas causadas por el contacto con agrotóxicos.
“En la autopsia está probada la exposición aérea y la inhalación de un producto que hoy está prohibido en todo el mundo. Hallaron órganos clorados de alfa-endosulfán en la víctima, que solamente pesaba 16 kilos”, dijo Julián Segovia, abogado de la familia del niño y parte de la Fundación Infancia Robada.
“Antes se decía que Lavalle era la tierra sanadora, pero ahora nos enferman y nos matan. Este no es el primer caso ya que muchos quedaron tapados. La muerte de Nicolás llegó a juicio gracias a que logramos que se difunda”, dijo Josefina Arévalo, tía de los niños.
El caso fue el primero en lograr llegar a juicio en Argentina, caratulado como “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal” por intoxicación con agrotóxicos. Pero pese a las contundentes pruebas contra el productor, el 5 de diciembre de 2016 el Tribunal Oral y Penal de Goya absolvió a Prieto, por “falta de pruebas”.
La defensa intentó desviar la investigación sosteniendo la hipótesis de que Nicolás y Celeste consumieron porotillos, una planta tóxica que crece en la zona. Pero cuatro ingenieros se encargaron de desmentirlo, ya que aportaron distintas teorías sosteniendo que “el envenenamiento no fue por ese tipo de vegetación” y que “la responsabilidad de la intoxicación fue del productor”. Además, la niña negó en Cámara Gesell esa teoría.
“La única línea de investigación siempre fue que se intoxicaron con alfa-endosulfan y quedó demostrado en la autopsia”, dijo Segovia, quien apeló para que el juicio continúe, para que la muerte de Nicolás no quede impune.
Seis años después, las complicaciones por los agrotóxicos no cesan. Hace unos meses nació con muchas complicaciones Rosa Azul, hermana de Celeste y los médicos le diagnosticaron hidrocefalia, enfermedad asociada a los venenos utilizados.
La tía de Nicolás afirma que a todas las familias de la zona les afecta vivir frente a la tomatera, pero hay muchos que no quieren hablar porque es el único medio de trabajo que tienen. “No hay que esperar que se te muera un familiar para vivir de otra cosa. Nosotros trabajábamos de eso también, pero ya no”, sostuvo.
En esta causa no solo se enjuicia a Prieto, sino a todo el modelo productivo que domina en la actualidad. Una sentencia justa en segunda instancia, marcaría un importante antecedente por la irresponsabilidad del productor, y pondría en jaque el negocio que deja dinero concentrado en pocas manos avaras. Lavalle y sus parajes cercanos, como Rincón Avá y Puerto Viejo, son gobernados por tomateros. Ésta es la principal actividad productiva del lugar, totalmente monopolizada por ellos.
Pero hasta ahora, la justicia correntina le dijo sí al agro-negocio por sobre la salud de la población local y muchas familias temen por la salud de sus niños, ya que siguen rodeadas por las tomateras y sus venenos.
La mayoría de las familias dependen del trabajo en estos invernaderos sin muchas opciones. Por esto, la lucha de los allegados a Nico, Celeste y Kili Rivero, que ha muerto intoxicado un año después de Nicolás, va más allá de la sentencia injusta.
Luego de la tragedia, estas familias encontraron un nuevo camino a seguir: Poseen un invernadero agroecológico y una carpintería en la que trabajan para ellos mismos, sin perjudicar a nadie. Construyen su autogestión como herramienta para obtener mejores opciones de trabajo y no ser esclavos de personas a las que consideran asesinos.
“Nos organizamos con la ayuda de Guardianes del Iberá quienes nos acompañaron desde el primer momento. Ahora trabajamos en un aserradero y en una carpintería. Otros en una panadería, haciendo bloquería, también trabajamos en la pesca y hay chicos que están criando pollos. Tomamos consciencia de a poquito de que hay otros métodos de trabajo”, sostiene Josefina.
“Quiero un grito de conciencia para todo el mundo, porque nadie está ajeno a esto. No solamente en Lavalle está el veneno, está en todo el mundo. Es necesario para todos cambiar y poder trabajar ecológicamente. A nosotros nos tocó la parte más fea, se nos murió Nico”, agrega.
La lucha de las familias actualmente continúa. Están organizadas en la Federación Campesina Guaraní, la cual se encuentra, a su vez, dentro de La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y en el movimiento correntino socioambiental libertario Guardianes del Iberá. No bajan los brazos, aunque tantas veces las injusticias los agoten, en solidaridad siguen adelante.
“Nico es nuestro salvador. Hace poquito tuvimos una reunión y un chico de 18 años le dijo a un hombre mayor: Acá está claro que se tuvo que morir Nicolás para que nosotros podamos ser dueños de nuestro propio trabajo, y no estar dándole plata a los tomateros. Mi sobrino vive en ese chico, defendiendo a los jóvenes y a sus compañeritos. Él está alentando a los demás a luchar para que no les pase lo mismo“, recordó Josefina con lágrimas en sus ojos. La ausencia le sigue doliendo, aun pasado el tiempo.
Con la injusta sentencia de por medio, a seis años del asesinato de Nicolás, desde la asamblea poderosa del Barrio Río Paraná de Corrientes, gritamos juntos más fuerte que antes: ¡No maten más a nuestros chicos! ¡Paren de fumigar! ¡Los agrotóxicos envenenan, dañan y desaparecen lo natural!
