Para repudiar la criminalización de la protesta y la detención arbitraria de personas durante las movilizaciones de diciembre, el martes 9 de enero se realizó una conferencia de prensa organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el salón consular del hotel BAUEN.
Muchas consignas y reclamos derivaron en una convocatoria para movilizar este jueves 11 de enero a las 17hs, desde Congreso hasta Plaza de Mayo.
Las consignas de esta marcha son:
– No a la prisión domiciliaria a Etchecolatz, para que se haga realidad el Nunca Más;
– Justicia para Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, para que no olvidemos la responsabilidad del Estado;
– Libertad a César Arakaki y los detenidos durante la movilización contra la reforma previsional, porque quisieron defender a los jubilados y pensionados de un robo institucional;
– Fuera Patricia Bullrich, para no desviar la atención de los responsables;
– No a la persecución de los pueblos originarios, porque comprendemos que sus vidas no son descartables;
– No al paquete de reformas contra los trabajadores, que empobrece a los de siempre y favorece a los especuladores.
La declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia no fue sólo un papel, porque «la política represiva pegó un salto a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel». La leyeron representantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), y dejaron en claro que fueron las fuerzas de seguridad que Patricia Bullrich tiene a su cargo. «Continuaron con la represión y detenciones arbitrarias desde las marchas por la aparición de Santiago hasta las movilizaciones de diciembre», a pesar de que los quieran disfrazar de incidentes con violentos agitadores. Y la lectura siguió: «En los últimos días atacaron con balas de goma a los miembros de la comunidad Wichí y a los obreros del ingenio La Esperanza en Jujuy”, todo por haber cometido los delitos de pertenecer a una comunidad originaria o ser trabajadores.
Claudia Ferrero, abogada de César Arakaki quien fue detenido luego de la marcha del lunes 18 de diciembre en Congreso, expresó: «Lo que están haciendo es un entramado político sin ningún tipo de pruebas y con el objetivo de aleccionar a la población que se manifiesta contra lo que no está de acuerdo».
María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sumó contando cómo continúa la causa de los fotógrafos que fueron detenidos durante la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el primero de septiembre: “El fiscal Moldes pretende volver a encarcelar y procesar a esos trabajadores de prensa afiliados al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) con una definición muy particular. Ha dicho que ’estaban disfrazados de fotógrafos’”.
Martín Alderete, abogado defensor de Sebastián Romero, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PTSU), explicó: «Las acusaciones no se respaldan con prueba alguna. Lo más preocupante en este caso es la forma en que se califican los hechos. A Sebastián Romero se lo acusa de rebelión. El delito de rebelión es uno de los más graves en el código penal en función de poner en jaque al orden constitucional. Existe una intención de asimilar la manifestación popular con una puesta en riesgo del orden constitucional sin ningún tipo de argumento».
No hacen falta más preguntas. Nos vemos en la lucha.
