A 25km del pueblo Rivadavia Banda Sur, en el corazón de Salta, hay un grito tan potente como ancestral: “Hace varios años que sufrimos la falta de agua y hoy, durante la pandemia, no nos queda otra que tomar agua estancada, lo que queda en la cañada después de cada inundación o desborde anual del Río Bermejo”, dice Dalmiro Acosta, de la comunidad wichí de San Felipe.
Ahí, donde hay cargos vitalicios, acompañados por las cámaras que giran hacia los runners de los parques de la gran ciudad, el intendente Leopoldo Cuenca está en el poder ¡hace 16 años! y se nota… “Aquí no hay salitas de salud. Sufrimos el largo abandono; jamás se ocupan ni se molestan por la gente”. En Misión La Esperanza no tienen agua potable: beben y cocinan de bidones que dicen «glifosato”. Ahí mismo, Nayara Segundo, sobrina de Dalmiro que tenía 2 años, tuvo que ser trasladada 35km para ser atendida en el Hospital de Rivadavia Banda Sur. “Le dieron ibuprofeno y jarabe para la tos el 15 de mayo, y terminó muriendo una semana después en el Hospital de Orán por neumonía multifocal, sabiendo que Nayara ya presentaba previamente diagnósticos de diarreas, anemia y parásitos justamente por las condiciones de vida que tenía en la comunidad”. ¡Que a nadie se le ocurra naturalizar esta normalidad!
Para Dalmiro y todo San Felipe, como en tantas otras comunidades de la Argentina históricamente invisibilizada, las injusticias no se terminan en la falta de servicios básicos o acceso a la salud y a la educación, sino también en la imposibilidad de conectarse a Internet, que dificulta comunicarse y hacer trámites virtuales como el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia: “Sin acceso a la red, se nos complica obtener ese beneficio; con ese dinero, al menos podríamos comprar agua potable. ¿Cómo podemos hacer para ser escuchados? ¿Cómo logramos que nuestros derechos sean valorados?
19 junio, 2020
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