El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, anunció en julio de 2017 el proyecto de demolición del Elefante Blanco con el objetivo de construir en su lugar el nuevo Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Lo hizo en medio de una conferencia de prensa armada en la entrada del hospital abandonado de Ciudad Oculta. Para los habitantes de la manzana 27 bis que rodea al hospitalito esto no era noticia, ya que desde hace varios meses se había comenzado a negociar la relocalización de algunos vecinos. Sin embargo, los proyectos eran solo rumores y el destino de las familias, incierto. Durante aquel anuncio, Larreta aseguró ante los medios de comunicación que el equipo de la ministra Guadalupe Tagliaferri estaba trabajando “caso por caso” con cada una de las familias que aún vivían alrededor del edificio con el objetivo de ofrecerles una solución a sus necesidades de vivienda. “Obviamente que la demolición no va a comenzar hasta tanto no hayamos conversado con las familias”, añadía la ministra, quien lo acompañaba en el anuncio.
En enero de 2018 el hospitalito y la canchita de fútbol que están enfrente del edificio, amanecieron completamente cercados. En febrero comenzaron los trabajos dentro del hospital y en sus alrededores. A pesar de los dichos de Tagliaferri, todavía hoy más de 40 familias viven en las inmediaciones del edificio. Quienes continúan en esa situación denuncian que el gobierno aún no acepta pagarles lo necesario para la relocalización y que están apostando al desgaste que implica vivir desprotegidos entre escombros, basura y plagas de insectos y ratas. Exigen que se frenen las obras dentro del edificio de manera urgente ya que hay riesgo de desplome y representan un peligro para sus familias.
Marisa Morales vive en el Ciudad Oculta desde hace 30 años, y desde hace 13 que habita una casa junto al hospitalito. Denuncia que el gobierno quiere empeorar la situación de la zona para después forzar el desalojo: “Estoy sola con mis tres hijos y no voy a poner en riesgo su vida. Al empezar a trabajar ellos, empezaron a verse las rajaduras. El hospitalito tiene tres subsuelos que están llenos de mugre, agua, cloaca, lo que quieras. Los cimientos no están bien y el edificio lo está sintiendo, se está agrietando todo, algo están haciendo mal. Yo no estoy en contra de la demolición del hospitalito. Me enteré que iban a hacer todo esto por internet. Nunca vinieron a decirnos nada.”
Ignacio Isidro Ibáñez vive hace diez años junto a su familia en una casa lindera. Denuncia irregularidades y demoras en las negociaciones con el gobierno, agravadas por la urgencia y el peligro de su situación: “Nos vinieron a ofrecer negociar la casa tres, cuatro veces, al final no cumplieron con el monto acordado y no nos podemos ir. Ahora estamos presionando para que esos plazos caminantes . Pero, mientras tanto, ellos siguen laburando, siguen rompiendo, se siguen cayendo cascotes de arriba, y yo sinceramente a la noche casi no duermo por el miedo de que se le caigan las cosas encima a mi familia. Aparte, está el tema de toda la mugre que dejaron acá. ¿Cómo hacés para cuidar a los chicos de eso? Yo prefiero que salgan afuera cuando estamos nosotros, si no es un peligro. ¿Y si se lastiman? ¿A quién vamos a hacer responsable?
Malvina Mercedes Dilello construyó su hogar hace 30 años. Hoy a metros de su casa y en todas direcciones trabajan máquinas enormes que ya comenzaron con la demolición: “El edificio se está partiendo por el costado”, cuenta. “Se está trabajando sin que la gente se haya ido, con máquinas, y no saben si hay chicos. Ahora tenemos una cañería rota. Tendrían que haber esperado a que nosotros nos vayamos. Están derrumbando todo y lo que nos quieren dar no nos alcanza para irnos, no compramos en ningún lado, porque mientras ellos frenan y atrasan las negociaciones las casas siguen aumentando.” El 23 de enero de este año Defensoría de la Ciudad presentó un informe que ratifica los riesgos ante los cuales se encuentran expuestos los vecinos que continúan viviendo en la manzana 27 bis.
Además del abandono, los vecinos denuncian aprietes por parte de los representantes del gobierno, amenazas que los llevaron a dejar su casa, sin otra vivienda garantizada. Yanina Maguirre tiene 21 años, está embarazada y tiene tres hijos. Nació y se crió en el barrio. Hasta el año pasado vivía al lado del hospitalito, antes de que la presionaran para dejar su hogar: “A mí me dijeron que tenía que agarrar sí o sí lo que me daban porque, si no, iba a venir la jueza y me iba a tirar todo con la topadora. Entonces agarré la plata y me compré algo en provincia, en Villa Albertina. Sin embargo no tuve suerte y tuve que mudarme a lo de mi mamá, ahora estoy durmiendo en una cama con mis hijos en el piso, por lo menos hasta que tenga al bebé. Después veré qué solución me encuentro”.
Los testimonios de aprietes se repiten: amenazas de desalojo inminente o sobre la custodia de los chicos. A lo largo del tiempo, la metodología de negociación fue cambiando: hubo mediaciones en el juzgado a cargo de la jueza Elena Liberatori, pero también ofertas puerta a puerta por parte de representantes del gobierno —sin identificación en algunos casos— y hasta negociaciones en una estación de servicio fuera del barrio. “Acá nunca hubo un plan de viviendas,” cuenta Karina Ocampo, quien vivió en la zona desalojada por más de veinte años. “Acá te venían a ofrecer plata a las tres de la mañana. ¿Qué es eso? Y en ese momento no había nombres, no te daban nombres».
En junio del año pasado el juez Guillermo Scheibler Scheibler dictó una medida cautelar que prohíbe los desalojos en la zona. A pesar de que la medida sigue vigente, las denuncias de los vecinos exponen las presiones que ejerce el gobierno para forzar una salida del predio rápida y sin garantías de solución definitiva, además de los peligros ante los cuales deben enfrentarse quienes continúan viviendo ahí, mientras aguardan una solución por parte del estado que les garantice el acceso a una vivienda digna.
