* Por Luciano Ortiz Almonacid, abogado de Kevin, con apoyo del CELS.
Mañana se cumplirán tres años, tres años gritando lo mismo, en las narices de la Justicia y el periodismo. Pues aquel 7 de septiembre de 2013, cuando 105 disparos con armas de guerra mataron a Kevin en una zona liberada por las Fuerzas de Seguridad, ya veíamos cómo la violencia institucional en aumento asomaba como respuesta a las preguntas que la política económica no podía dar. Y por eso ahora debo señalar, con el mismo énfasis y la misma ecuanimidad, que nunca jamás en mi vida he visto la cantidad de casos sistemáticos que existen hoy, amparados por estas «nuevas» políticas de seguridad.
Lejos de lograr cualquier avance en relación a los Derechos Humanos de los sectores más vulnerables, actualmente, hay señales institucionales que avalan esa impunidad con todas sus Fuerzas, las torturas, la represión, la corrupción policial, las detenciones sin ningún tipo de orden ni causa y las muertes silenciosas de tantos como Kevin, con algunos años más.
No hace falta concentrarse demasiado para percibir los síntomas de un Estado cada vez más violento, que siempre corta el hilo por los más humildes, esos pibes que no tienen forma de defenderse, si no es a través de organizaciones y respuestas territoriales, como el Control Popular sobre las Fuerzas de Seguridad, establecido por la asamblea de La Poderosa en Zavaleta, donde la comunidad al servicio de la comunidad, custodia el accionar de los efectivos que debieran velar por su integridad.
Ausente a la hora de la prevención, ese Estado muestra su peor cara a la hora de la sanción, cuando remata los casos de violencia institucional, con la más absoluta indiferencia judicial. Ahí no están los fiscales, ni los abogados defensores, ni las cámaras. Y eso puede observarse nítidamente revisando el accionar del Fiscal Giménez: el prefecto Daniel Andrés Stofd, quien comandaba uno de los patrulleros de Prefectura que decidió liberar la zona cuando Kevin todavía estaba vivo, resultó premiado con un traslado a Concepción del Uruguay, donde debe pasar todos sus domingos pescando con total soltura. Y donde ahora está laburando, con un fierro en la cintura.
El asesinato de Kevin debía marcar un antes y después en la necesidad de una sanción rápida y efectiva contra las fuerzas represivas, porque esa falta de respuestas de la Justicia, a través de los años, genera esta impunidad que multiplica los casos. Ante ese escenario estamos hoy, tres años después, pero su familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeritos y sus abogados seguimos luchando, denunciando y gritando, aunque nos tengan fuera de foco.
Kevin no se calla.
Y nosotros tampoco.
