Cuando las Fuerzas de Seguridad liberaron Zavaleta, el 7 de septiembre de 2013, sí, 2013, cuando nos mataron a Kevin, cuando desoyeron 105 disparos de FAL, cuando rechazaron 9 llamadas al 911, cuando la ambulancia no llegó, cuando su mamá debió correr con la masa encefálica chorreando entre sus brazos, cuando la Prefectura aprovechó para saquearle su casa, cuando el fiscal se puso la gorra, cuando faltaba un mes para las elecciones, cuando Canal 13 nos ninguneó y cuando Visión 7 desapareció, ¿saben quién nos escuchó?
Alejandra Gils Carbó.
No ahora eh, ni «desde los últimos acontecimientos», ni «desde diciembre de 2015», no, ¡desde el 7 de septiembre de 2013! Porque sí, las políticas sociales o las medidas económicas diferencian claramente a un gobierno del otro, pero Berni, Milani y Granados bien podrían haber compartido gestiones, mafias o cumpleaños con Ritondo, Bullrich y Burzaco. Había que gritar también por entonces, pero muchos preferían callar para no incomodar. Nosotros, no. Nos habían matado a un hijo, un hermanito, un sobrino, un nietito, un ahijado. Nos habían matado a cinco, en cinco años. Y entonces caímos al mismo Ministerio de Impunidad, para exigir un Control Popular a las Fuerzas de Seguridad.
¿Y adivinen qué? Se nos cagó de risa, un ex carapintada se nos cagó de risa. Hojeando las primeras 250 denuncias por irregularidades de sus patotas en los barrios, nos dijeron que hacíamos «un laburo imprescindible». Y que sería «imposible», respaldarlo. ¿Pues cómo podíamos sostener esos turnos de 8 horas rotativas, entre los vecinos que poníamos el cuerpo frente a gendarmes sin preparación, ni identificación? Desde ahí, reclamábamos algo que todavía reclama nuestro proyecto de ley, una entidad autárquica capaz de fiscalizar los destacamentos territoriales, sin pasar por las comisarías que administran el delito en la marginalidad. «Bueno, vemos, presenten una carpeta». Se burlaron de nosotros, en la cara de Zavaleta. Pero al día siguiente, recibimos un llamado desde la Procuración: «Lo que les dijeron es un papelón».
Ahí, caminando con los ojos cerrados y los brazos extendidos, en la oscuridad de una soledad que ahuyentaba a todo equilibrista del electorado, en ese preciso momento, hubo alguien que nos quiso escuchar en vivo: «Yo también soy el Estado y pienso garantizar el funcionamiento del dispositivo». Haciéndose cargo de su autonomía, con la urgencia que requería esa situación, siempre a espaldas de la estigmatización que toca el Clarín, un equipo de villeros pasó a formar parte de la Procuvin, para poder sostener a diario ese dispositivo comunitario nacido de la experiencia, que no sólo permitió bajar la frecuencia de los constantes tiroteos custodiados por sus auspiciantes uniformados, sino también avanzar en ese registro territorial que hoy desnuda la represión actual. No hay exageración, ni especulaciones, ni obediencia debida: hasta la Organización de las Naciones Unidas decidió recopilar esas estadísticas dispersas que suelen publicar al revés, porque levantamos mil denuncias contra las Fuerzas, sólo en el último mes.
Y no, acá no respaldamos a la procuradora por su filiación partidaria.
La bancamos porque, también otrora, funcionó como funcionaria.
Porque jamás nos usó para defender su gestión.
Y porque nunca nos revoleó un libreto.
De corazón, Gils Carbó,
todo nuestro respeto.
