*Por Claudia Véliz, mamá de Diego Pachao, torturado y asesinado por la Policía de Catamarca.
El 11 de marzo de 2012 Diego había salido con su amigo, Leonel González, a dar una vuelta. En la madrugada, Leonel fue golpeado por la Policía catamarqueña y mi hijo quiso defenderlo. «Voy a avisarle a su familia que lo están golpeando», dijo Diego, pero luego fue detenido en plena calle, frente a los ojos de varios vecinos, por “averiguación de medios de vida”.
Cuando a las 22 fui a la Comisaría 7° de barrio Parque América me recibió con prepotencia el oficial Gustavo Bulacio: “¿De dónde sacás vos que podés retirar a tu hijo antes de las 24 horas? Quedate tranquila que no tiene causas ni antecedentes. Mañana te lo liberan”.
Llovían los pretextos, no me dejaban verlo ni asegurarme de que estuviera bien: “No se puede. Hay un procedimiento ahora”, repetían. Ante mi insistencia me dejaron llevarle la cena. Cerca de la medianoche, volviendo con la comida en la mano, me crucé a Leonel. “¿Por qué mi hijo sigue detenido entonces?”, pensé.
Desesperada, al llegar nuevamente a la comisaría pedí hablar con el jefe a cargo e insistí en ver a mi hijo porque intuía que algo no estaba bien. Pero me encontré con otra evasiva cuando una oficial me dijo: «Tu hijo está profundamente dormido». Ahí nomás reapareció Bulacio, visiblemente nervioso, diciendo que Diego “había hablado con los changos durante la tarde”. No me conformé con la respuesta, me puse firme en mi intención de entrar a verlo. Bulacio se fue a consultar y al volver empezó mi pesadilla. «Su hijo está con fiebre y vómitos», me dijeron. Segundos después salió un médico, una camilla y mi hijo acostado, sin remera, todo mojado, con sangre seca en la nariz y en el pecho. Tenía convulsiones y se notaba que quería vomitar.
Quince interminables cuadras a bordo de una ambulancia, hasta llegar al hospital. Diego intentaba vomitar, quería ponerlo de costado para que pudiera pero los médicos me lo impidieron. Llegamos, entramos a la sala, finalmente pusieron su cuerpo de costado y automáticamente escupió mucha sangre. ¡Mi hijo se estaba ahogando! Mientras, los médicos me sacaban a los empujones diciendo que sólo se trataba de líquido estomacal.
Tuve pánico, no entendía qué pasaba, cuando de pronto salió la doctora y me dijo: «Tiene convulsiones, sus pupilas no dilatan, la fiebre no baja de 40, está inconsciente, tiene un derrame cerebral y pérdida de masa encefálica». Quise trasladarlo a otra clínica y no me lo permitieron. Debí soportar que me dijeran que no molestara porque mi hijo “estaba ahí de prestado» y que «no se salva ni acá ni en la China». Dos días permaneció en terapia intensiva, yo esperaba ansiosa su recuperación para volver a casa pero durante ese tiempo me insistieron en que firmara los papeles para la donación de órganos.
El 13 de marzo, los médicos me dijeron que mi hijo había muerto.
“Firme estos papeles y pase a verlo”. Al escuchar esa frase, sentí mi vida hundirse en el más profundo dolor. Pero cuando entré, ¡mi hijo aún tenía pulso! Di aviso y pedí que me devolvieran todo lo firmado.
Ese mismo día asumía como gobernadora Lucía Corpacci, que irónicamente además es médica. Vino al hospital, revisó a mi hijo, me dijo que “no había posibilidades” y que contara con ella para lo que necesite. Nunca pude, jamás colaboró.
Finalmente, un día como hoy, 14 de marzo, mi hijo falleció. Diego, mi hijito, el que me alegraba la vida con su sonrisa transparente, siempre tan compañero, tan responsable, tan querido por sus amigas y amigos.
Durante la investigación, quisieron hacernos creer que los responsables de la muerte eran dos jóvenes de apellido Leiva, quienes habían discutido con Leonel horas antes de la detención. Pero poco duró la mentira, pues un informe del Dr. Eduilio Gallo Canciani, médico de la policía, decía que al momento de ingresar, Diego estaba sano, orientado en tiempo y lugar, con lastimaduras de un golpe que ya llevaba más de 20 días, producto de una caída. Nada más. El resto fue producto de las torturas que padeció estando detenido.
Hoy, 6 años después, ya no tengo a mi hijo, solo tengo un expediente que va y vuelve de la Fiscalía a la Cámara de Apelación, sin resultado alguno. Trámites lentos, pruebas que misteriosamente “se perdieron” y peritajes que “ya no se pueden hacer”. Hay más de 18 personas involucradas en la muerte de Diego, entre médicos, policías y políticos. El comisario Rafael Dionisio Méndez, el subcomisario Ramón Ariel Quevedo, el oficial Gustavo Eduardo Bulacio, los agentes Ricardo Darío Barrera y Maria Guadalupe Acevedo, entre otros.
Pero no me rindo. Hoy, en horas de la mañana llegué a la casa de gobierno y me recibió un cordón de policías. A mí, que soy la madre de la víctima. Pero ¿saben qué? No me vencerán. Hoy sigo gritando, sigo exigiendo justicia. Porque mi hijo es mi hijo: no es un número, no es un caso, no es un archivo. Y si no fuera por la represión del Estado, hoy seguiría vivo.
