Familias sin techo, sin trabajo estable, sin solvencia para acceder a programas de vivienda, y sin dinero para alquilar un inmueble, fundaron el asentamiento en la Ribera del Valle Oeste, al lado de Villa Umelia, en la ciudad de Catamarca. Las casas fueron construidas con pallets, maderas, chapas, nylons, bolsas plásticas, y otros elementos encontrados en el basural. Durante las lluvias se inundan por dentro perdiendo colchones, mercadería, muebles, y durante los fuertes vientos usuales en la zona corren riesgo de perder sus ranchos.
María Alicia Martín, de 38 años, nos comentó que vive con sus «dos hijos de 7 y 9 años». «Empecé a venir a cerrar el terreno en el mes de enero, y armé mi rancho con la ayuda de mis vecinos en la medida que conseguí los materiales. Al principio no teniamos conexión de agus ni luz. Una noche de febrero cerca de las 4 de la mañana, después de varias amenazas, la policía entró a los terrenos y quemaron los ranchos. Si bien quedamos pocos de los que estamos desde el principio, se sumaron más familias que no tienen donde vivir», narró.
En mayo de este año, con el apoyo del Colectivo de Abogadxs Populares, que llevó a cabo un relevamiento de las familias que estaban en el asentamiento en ese entonces, presentaron un amparo exigiéndole a los gobiernos provincial y municipal que se les garantice el acceso a una vivienda digna. Desde entonces comenzaron los pedidos de audiencia y los intentos por abrir mesas de diálogo con el Estado para resolver la demanda de techo de familias que no tienen donde vivir, menos para comprar un terreno, y tampoco aplican a planes de financiamiento o créditos inmobiliarios.
Ese mes comenzó a aumentar la cantidad de familias con niños, madres solteras, que llegaron en búsqueda de un terreno donde vivir. Pero también empezaron a escucharse las quejas de los organismos públicos acerca del crecimiento poblacional, simplificando este hecho al «aprovechamiento y la viveza de la gente», obviando la necesidad de tantas familias por acceder a la casa propia, y las imposibilidades económicas de adquirirla.
Mauro Barroca tiene 27 años, vive junto a Soledad del Valle de 29 años, y su hijo en común de 2. Se instalaron hace tres meses. Vivían en una piecita que les prestaba una hermana de Mauro, pero está embarazada y la necesita. Soledad cuenta que «los primeros días fueron duros porque no teníamos para cubrirnos, pero los vecinos nos ayudaron con nylon, maderas y algunas chapas». Ella no puede salir a trabajar porque no pueden dejar solo el terreno y a su hijo que tiene asma; mientras Mauro que usualmente trabaja en la construcción, está sin empleo, porque el rubro está parado, y va caminando hasta el basural ubicado a 1 hora de distancia a juntar metal para vender.
Hasta ahí, habían sido amenazados con ser separados de sus hijos si continuaban con el asentamiento, hostigados por la policía, distintos funcionarios públicos. El administrador del IPV, Dante López Rodríguez, los trató de usurpadores al solicitar audiencia, y el propio Ministerio de Desarrollo de la Provincia luego de asistirlos con leña y frazadas les dijo que no tenían más facultades que esas para poder ayudarlos.
Cuando estaba todo dado para que sean relocalizadas las primeras familias, autoridades del PROMEBA, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social e integración de los hogares de los segmentos más pobres de la población, las denunciaron por estar en un terreno de su propiedad, e instaron a la Fiscalía de la 8va Nominación a cargo de la Fiscal Myriam López a dictar la orden de desalojo, sin garantizar los derechos de las familias que viven allí.
Con la presión del barrio organizado, el apoyo de organizaciones sociales, y un recurso de amparo mediante, se logró frenar el desalojo e instar al Estado a no llevar a cabo ninguna acción hasta que no esté resuelto el destino de todas las familias.
Carlos Aníbal Olmos tiene 23 años. Junto a su compañera Florencia Luna vivían en el barrio lindante llamado «Villa Umelia» de donde se tuvieron que ir, y antes de tener sus dos hijos, de 2 y 3 años, comenzaron a construir una piecita en el asentamiento el 1 de abril del 2014 siendo los primeros en llegar.
Ambos piden que no se pongan más trabas, y que se les de una solución definitiva para poder construir sus casas. «Quiero tener mi terreno para construir, acá estamos con incertidumbre, entre todos dándonos una mano podríamos levantar rápidamente las piezas para poder vivir dignamente, pero no podemos porque todavía no sabemos que va a pasar», son las palabras de Carlos.
Mientras diecisiete familias relevadas aún esperan ser reubicadas sin saber dónde, y las demás están siendo relevadas para determinar la urgencia de cada caso, le exigen al Estado provincial y municipal que no continúen con trabas burocráticas, que les garanticen un hábitat digno hasta ser reubicadas, y que todas las familias del asentamiento accedan a la tierra para poder construir.
